El proceso inició en 2023, tras una denuncia de la ONG Missing Children que detectó material con menores en dispositivos del imputado. Un allanamiento reveló 48.000 archivos, entre ellos deepfakes de adultas y niñas, distribuidos en un grupo de Telegram denominado "Chicas de Sanje y la Zona". Este canal, accesible solo a hombres locales, facilitaba solicitudes de contenido sobre residentes del pueblo, que cuenta con 3.000 habitantes a 35 kilómetros de Rosario.

De las afectadas, 18 presentaron denuncias iniciales, pero solo seis avanzaron como querellantes particulares, con apoyo de abogadas del Centro de Asistencia Judicial del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial. La audiencia de conciliación, presidida por la jueza Griselda Strólogo, culminó el 29 de octubre de 2025 en un formato similar a un juicio abreviado. El fallo clasificó los hechos como injurias en el ámbito de la violencia digital contra las mujeres, imponiendo una multa de 20.000 pesos —el máximo previsto por el Código Penal— y una indemnización de 800.000 pesos a las víctimas.

Las querellantes describieron impactos profundos en su salud mental, relaciones familiares y laborales, derivados de la exposición no consentida. El condenado, quien se mudó a Roldán tras el allanamiento sin ser detenido inicialmente, expresó arrepentimiento en la audiencia y mencionó un tratamiento psicológico que le permitió reconocer las consecuencias. La fiscalía enfrentó desafíos para encuadrar el delito, dada la ausencia de tipificación específica para manipulaciones con IA.

Este resolución judicial representa el primer antecedente en Argentina para deepfakes pornográficos, según expertos en derecho digital. Destaca un vacío normativo que obliga a recurrir a figuras genéricas como injurias o daños, en lugar de sanciones penales directas. Datos del equipo Ley Olimpia indican al menos 30.000 grupos similares en el país, que propagan material de explotación sexual, a menudo generado con algoritmos.

En el ámbito legislativo, proyectos como el 4094-D-2025 buscan un marco regulatorio para imágenes alteradas digitalmente, mientras la diputada Gisela Marziotta impulsa un amparo exprés para remociones en 24 horas. Estas iniciativas responden a la expansión de la IA en contextos de género, alineándose con reformas al artículo 128 del Código Penal para incluir sextorsión y pornovenganza.

La sentencia enmarca la necesidad de herramientas judiciales actualizadas para mitigar riesgos en entornos virtuales, donde la accesibilidad a tecnologías de edición agrava la vulnerabilidad colectiva.