La Agencia Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Capital Humano, administra compras públicas de insumos médicos por miles de millones de pesos anuales. Desde diciembre de 2023, el organismo opera bajo un gobierno que prioriza la eficiencia administrativa, pero una investigación federal revela irregularidades sistemáticas en sus licitaciones. El esquema, activo hasta agosto de 2025, involucra direccionamientos de contratos y pagos irregulares que afectan la provisión de fármacos de alto costo, como el Macitentan para hipertensión pulmonar.

El fiscal federal Franco Picardi, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 11, describe la red como una asociación ilícita con tres niveles operativos. En el primero, exfuncionarios como Diego Spagnuolo, director ejecutivo de ANDIS hasta su renuncia en agosto de 2025, y Daniel María Garbellini, director de Acceso a Servicios de Salud, controlan las decisiones. Spagnuolo, designado en diciembre de 2023, supervisa el Sistema Integral de Información de Prestaciones Farmacéuticas e Insumos para la Salud (SIIPFIS), herramienta digital para licitaciones. Según el dictamen fiscal del 15 de noviembre de 2025, este sistema se usa para simular competencia, pero evidencia chats y documentos que prueban coordinaciones previas entre proveedores.

En el segundo nivel actúan intermediarios externos. Pablo Atchabahian, exdirector de ANDIS durante el período 2015-2019 y actual gerente en el Laboratorio Roche, dicta órdenes sin cargo formal. Obtiene accesos no autorizados al SIIPFIS mediante usuarios prestados, como el de Walter Martínez, para filtrar datos de licitaciones. Miguel Ángel Calvete, empresario ligado a múltiples firmas proveedoras, coordina pagos y cobros; sus cuadernos manuscritos, secuestrados en allanamientos, registran transferencias en efectivo, incluyendo 5 millones de pesos a Spagnuolo para un viaje. Operadores internos como Lorena Di Giorno y Eduardo "Pino" González, empleados de ANDIS, facilitan la filtración de información, mientras Luciana Ferrari, de Roche, maneja tickets de adjudicación desde fuera. Estos mecanismos permiten sobreprecios de hasta el 115% en medicamentos; por ejemplo, el Macitentan pasa de 411.764 pesos por unidad en una licitación general de noviembre de 2024 a 8.290.000 pesos en una compulsa restringida días después.

El tercer nivel comprende empresarios de cuatro droguerías favorecidas: Génesis (Andrés Arnaudo), Profarma (Ruth Lozano), New Farma (Patricio Rama) y Floresta (Silvana Escudero y Alejandro Fuentes). Estos directivos rotan adjudicaciones en un cartel que finge competencia, capturando el 93% de contratos por más de 30.000 millones de pesos sólo en medicamentos. Vínculos personales fortalecen la red: Escudero y Fuentes mantienen una relación de pareja, y Calvete comparte lazos comerciales con Atchabahian. La droguería Suizo Argentina, de los hermanos Kovalivker, emerge como beneficiaria clave, con pagos de ANDIS por 10.828 millones de pesos entre 2023 y 2025, aunque no figura en las citaciones iniciales.

Datos preliminares estiman desvíos entre 37.000 y 48.000 millones de pesos, equivalentes a un perjuicio patrimonial al Estado y afectación a 1,2 millones de beneficiarios de políticas de discapacidad. El caso inicia con audios filtrados el 19 de agosto de 2025, donde Spagnuolo detalla coimas del 5% al 8% en compras, mencionando presiones de figuras cercanas al poder ejecutivo. El gobierno responde con una auditoría interna en ANDIS el 28 de agosto de 2025, designando un interventor y sumarios administrativos. En contraste, investigaciones previas durante el período 2015-2019, también bajo gestión de Atchabahian, archivaron denuncias similares por falta de pruebas, lo que resalta la recurrencia de vulnerabilidades en el sistema de compras públicas.

El juez Sebastián Casanello cita a 15 personas a indagatoria entre el 19 y 21 de noviembre de 2025, rechazando por ahora la detención de Spagnuolo por su cooperación. La fiscalía ordenó nuevos allanamientos y análisis financieros; la Auditoría General de la Nación inicia revisión de contratos. La causa permanece bajo secreto parcial, con expectativa de ampliación de imputaciones.