Emergencia económica en noviembre cerró un año de ajuste

El intendente Pablo Grasso firmó en noviembre el Decreto 6861 que declaró la emergencia administrativa y económica hasta diciembre de 2026. La medida, refrendada por el jefe de Gabinete Diego Robles y el secretario Legal y Técnico Gonzalo Chute, congeló la planta municipal y suspendió nuevos ingresos de personal. El documento oficial citó una caída del 10,4% en ingresos nacionales y provinciales, respecto a 2023, inflación del 25% y acuerdos salariales del 29,4% que presionaron las finanzas comunales.

La concejal opositora, Giuliana Tobares cuestionó la declaración y atribuyó la crisis a gastos que calificó como innecesarios, entre ellos la adquisición de botes recreativos mientras las calles permanecían deterioradas. El Concejo Deliberante, con tres bancas de Unión por la Patria, tres del partido SER y una radical, se convirtió en escenario de tensiones. En diciembre, Daniela D'Amico (UCR) asumió la presidencia del cuerpo mediante un acuerdo con el bloque SER, desplazando al oficialismo con cuatro votos contra tres. Los tres concejales kirchneristas votaron en contra de la designación.

El decreto autorizó además, la revisión de estructuras orgánicas con posibilidad de reorganizar o suprimir cargos de conducción. Sin embargo, la gestión municipal continuó ejecutando obras con fondos propios, según destacó Grasso en múltiples ocasiones durante el año.

Moira Lanesan dejó el gabinete para asumir en Diputados

La secretaria de Producción, Comercio e Industria renunció en noviembre tras ser electa diputada nacional por Santa Cruz en las elecciones legislativas de octubre. Lanesan ocupaba el segundo lugar en la lista de Fuerza Santacruceña, encabezada por el padre Juan Carlos Molina. Durante la campaña electoral, la funcionaria había destacado que su postulación la tomó por sorpresa aunque la recibió con entusiasmo.

Grasso aceptó la renuncia formalmente y, hasta el cierre del año, no se informó sobre una designación para reemplazarla en la cartera. Lanesan asumió su banca el 10 de diciembre junto al resto de los legisladores electos. Durante su gestión en el municipio, había impulsado programas como "Emprender Mujeres" y coordinado acciones con organismos nacionales para potenciar el desarrollo productivo y turístico de la capital santacruceña.

La salida de Lanesan se suma a otros cambios en el gabinete durante 2025, aunque la estructura ministerial se mantuvo estable en líneas generales. El jefe de Gabinete Diego Robles consolidó su rol como vocero principal del ejecutivo municipal, particularmente en temas presupuestarios y en las disputas con la provincia.

Confrontación permanente con el gobierno de Claudio Vidal

La relación entre Grasso y el gobernador Claudio Vidal se mantuvo tensa durante todo 2025. El secretario de Medios provincial, Sergio Bucci, protagonizó múltiples cruces públicos con el intendente. En mayo, Bucci desmintió las acusaciones de Grasso sobre recortes de coparticipación, señaló que la provincia no puede legalmente quitar fondos que corresponden por ley a los municipios.

El vocero provincial acusó además a Grasso de desfinanciar las cajas provinciales de salud y previsión al no realizar aportes, mientras ejecutaba obras millonarias que consideró innecesarias. Mencionó específicamente trabajos en la rotonda Samoré que, según su criterio, no representaban una prioridad. En marzo, tras el discurso de apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante donde Grasso anunció obras, Bucci publicó un mensaje en redes sociales acusando al intendente de "abandonar obras" y "hacer circo con las represas", vinculándolo además a causas judiciales por corrupción.

En agosto, el funcionario provincial, volvió a cuestionar a Grasso tras declaraciones sobre educación y negociación legislativa, responsabilizándolo por obras prometidas durante gestiones kirchneristas, que nunca se concretaron. Bucci afirmó que el espacio político del intendente había "dormido el futuro de miles" de santacruceños. En junio, el vocero provincial cuestionó la propuesta de Grasso de votar jueces por elección popular, interpretándola como un intento de someter al Poder Judicial.

Desde el municipio, Grasso sostuvo durante todo el año que tanto el gobierno nacional como el provincial abandonaron obras y recortaron fondos, obligando a la comuna a financiar proyectos con recursos propios. En marzo, durante la apertura de sesiones ordinarias, denunció que Río Gallegos fue la única localidad que no recibió recursos adicionales más allá de la coparticipación y que la provincia retuvo casi 800 millones de pesos que correspondían al municipio.

Obras anunciadas versus realidad presupuestaria

En la apertura del 77° período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante en marzo, Grasso presentó un plan de obras valuado en más de 9.000 millones de pesos. El anuncio incluyó la culminación del gimnasio polideportivo en el Barrio Municipal (912 millones), la finalización del planetario en la Costanera (342 millones), la intervención paisajística de la Laguna Ortiz (1.462 millones) y la terminación de 137 viviendas entre el Programa Reconstruir y Casa Propia.

El intendente destacó además proyectos como el Centro de Interpretación de Flora y Fauna en Mata Verde, la finalización de la bicisenda en Avenida Almirante Brown, el adoquinado de la calle Dr. Maradona con obras cloacales (3.336 millones abandonados por Nación), y la continuación del cordón cuneta en diversos barrios. También anunció el desarrollo del Polo Gastronómico en la Costanera y el proyecto YCF en Avenida Balbín, que incluiría un galpón municipal de 825 metros cuadrados destinado a emprendedores.

Sin embargo, la declaración de emergencia económica en noviembre generó dudas sobre la viabilidad de estos proyectos. La oposición en el Concejo Deliberante cuestionó la falta de transparencia en los informes presupuestarios, y denunció que muchas decisiones se tomaron sin entregar información detallada sobre gastos y rendiciones de cuenta.

En agosto, Grasso anunció además que una vez superado el invierno se lanzaría un plan masivo de pavimentación y bacheo, respaldado por la adquisición de una planta de asfalto con capacidad de 90 toneladas por hora. Durante su gestión se asfaltaron 800 cuadras, pero el estado general de calles siguió siendo un reclamo recurrente de vecinos y concejales opositores.

Polémica por cesión de maquinaria a otras localidades

En marzo surgió una controversia cuando se conoció que el concejal de Gobernador Gregores Gastón Aguilar, identificado con el espacio político de Grasso, ofreció maquinaria municipal de Río Gallegos para realizar trabajos en la Estancia La Flora, del departamento Lago Argentino, ubicada a cientos de kilómetros de la capital. Aguilar elevó una nota formal a la intendente de Gobernador Gregores ofreciendo el servicio para reparar caminos internos afectados por inundaciones.

Medios locales cuestionaron la cesión de equipos pesados para trabajos fuera del ejido municipal, vinculando la decisión a estrategias de campaña política de Grasso en el interior provincial, de cara a las elecciones legislativas. El intendente no emitió declaraciones públicas sobre el episodio, pero el caso evidenció tensiones sobre el uso de recursos municipales, con fines que excedían las necesidades de Río Gallegos.

Enfrentamientos internos y tensión política permanente

El año electoral intensificó la actividad política de Grasso, quien participó de encuentros peronistas en diversas localidades. En agosto, durante el encuentro "Construyendo Juntos" en Río Turbio, el intendente pidió que los candidatos del peronismo sean elegidos por la mayoría y no designados "con el dedo en una habitación cerrada". Criticó además al gobierno provincial por ajustar fondos a los municipios mientras mantenía plazos fijos en lugar de gestionar obras.

En marzo, tras el retiro del gobierno nacional del monumento a Osvaldo Bayer y la Patagonia Rebelde, Grasso anunció que restituiría la obra en Río Gallegos "porque somos rebeldes por naturaleza". La decisión fue respaldada por sectores kirchneristas y criticada por el oficialismo provincial. El secretario Sergio Bucci manifestó en esa ocasión su rechazo al derribo del monumento, en uno de los pocos momentos de coincidencia entre ambos funcionarios durante el año.

Las tensiones con el Concejo Deliberante se mantuvieron latentes durante todo 2025. Aunque la composición del cuerpo permitió al oficialismo aprobar el presupuesto municipal y otros proyectos clave, la designación de D'Amico como presidente en diciembre mediante el acuerdo entre radicales y el partido SER, dejó en evidencia el aislamiento relativo del kirchnerismo en el cuerpo legislativo local.

Gestión social y actividades culturales

Pese a las restricciones presupuestarias, el municipio sostuvo programas sociales y actividades culturales. Durante el invierno se realizaron colonias de vacaciones que recibieron más de 1.500 niños en dos turnos, con viajes a Río Turbio incluidos. Se realizaron 105 actividades culturales municipales, entre ellas el tercer Encuentro Provincial de Danzas Folclóricas con más de 900 bailarines.

La Fiesta Provincial del Frío se concretó entre el 25 y 27 de julio con entrada libre y gratuita, reuniendo artistas locales y nacionales. El Mercado del Atlántico convocó a 250 emprendedores y Río Gallegos fue declarada la cuarta ciudad más emprendedora del país por la Red de Innovación Local. Se implementó además el Primer Registro de Artistas Locales y se promovieron 229 contrataciones artísticas locales.

En el área de salud, el municipio creó la Dirección de Salud Mental y Adicciones. Durante el año asumió como secretario de Salud Pública el doctor Quirino Pereira, reemplazando a la doctora Marcela González. La gestión destacó además el programa "Las Mujeres Conducen" y la creación de la Guardia Urbana, esta última generando controversias por considerarse una estructura paralela a la policía provincial.

Crisis provincial y contexto adverso

El año cerró con Santa Cruz atravesando una crisis financiera que obligó al gobierno de Vidal a pagar sueldos estatales en dos tramos. El Ministerio de Economía provincial reconoció que los recursos disponibles no alcanzaban para cubrir obligaciones salariales en tiempo y forma, debido a la caída de transferencias automáticas de Nación y una merma del 30% en regalías petroleras entre enero y septiembre.

Grasso utilizó esta situación para reforzar su crítica al gobierno provincial, señalando que mientras la provincia tenía dificultades para pagar salarios, Río Gallegos mantenía al día sus compromisos con empleados municipales. El jefe de Gabinete Diego Robles destacó en múltiples ocasiones que el municipio es la única jurisdicción de Santa Cruz con rendiciones de cuenta actualizadas.

El balance de 2025 deja a la Municipalidad de Río Gallegos navegando entre la declaración de emergencia económica, y los anuncios de grandes obras, entre la confrontación permanente con la provincia y la necesidad de sostener servicios esenciales. Con las elecciones legislativas definidas y Moira Lanesan rumbo al Congreso, queda pendiente conocer cómo impactarán las restricciones presupuestarias en los proyectos anunciados para los próximos meses y si el conflicto con el gobierno provincial encontrará algún punto de diálogo o se profundizará de cara a 2026.