Control legislativo tras compra por 2 millones de dólares

El pedido de informes busca conocer detalles sobre el trámite de adquisición del predio de 13 hectáreas que fue adjudicado a la empresa estatal en octubre pasado. La resolución fue aprobada sin oposición, lo que evidencia interés transversal en fiscalizar una operación que involucra fondos públicos por 2 millones de dólares.

La Justicia comercial había adjudicado el inmueble a Santa Cruz Puede S.A.U. el 1 de octubre tras ausencia de otras ofertas en el proceso de liquidación de Austral Construcciones, empresa declarada en quiebra en 2017. El gobierno depositó 256 millones de pesos como señal de compra ante el Juzgado Comercial 28.

El predio permaneció abandonado desde 2016, cuando cesaron las operaciones de la constructora vinculada a Lázaro Báez. Durante nueve años, el obrador sufrió deterioro por falta de mantenimiento pese a contar con custodia judicial para evitar saqueos. La ubicación estratégica sobre la Ruta 3, frente al aeropuerto internacional, fue destacada como factor clave para la reconversión productiva proyectada.

Historial de la empresa quebrada y proceso judicial

Austral Construcciones fue fundada en 2003 y obtuvo aprobación de la Inspección General de Justicia dos meses antes de la asunción presidencial de Néstor Kirchner. La empresa acumuló 51 contratos de obra pública en Santa Cruz y otras provincias durante los gobiernos kirchneristas entre 2003 y 2015.

La quiebra se declaró en 2017 tras investigaciones por lavado de dinero, evasión fiscal y administración fraudulenta. En diciembre de 2022, Báez y otros acusados recibieron condena a seis años de prisión en la causa Vialidad por irregularidades en las 51 obras adjudicadas.

El predio forma parte del listado de bienes que los peritos de la Corte Suprema determinaron debían ser decomisados para recuperar 684.990 millones de pesos. Sin embargo, la subasta judicial permitió al Estado provincial presentar oferta de compra directa, evitando que el inmueble quedara en manos privadas.

La oferta provincial se presentó por debajo de la valuación estimada. Fuentes de la sindicatura confirmaron que el inmueble estaba tasado cerca de 5 millones de dólares, mientras que la provincia ofreció 2 millones. La base para el remate rondaba los 2 millones de dólares según datos del proceso judicial.

Proyectos anunciados y ausencia de cronograma público

Santa Cruz Puede S.A.U. detalló ante la Justicia los emprendimientos proyectados: aserradero móvil para explotación de lenga y ñire, fábrica de ensamblado de calzado industrial para minería y petróleo, planta de fraccionamiento de víveres para programas sociales, planta de alimento balanceado y unidad de producción avícola.

El gobernador Claudio Vidal recorrió el predio el 14 de noviembre y manifestó sorpresa por el estado de las instalaciones. Según sus declaraciones, encontró documentación de obras pagadas sin ejecutar y archivos desorganizados. El secretario de Estado de Medios, Sergio Bucci, confirmó el hallazgo de contratos y biblioratos abandonados que no habían sido resguardados por la Justicia.

La empresa estatal se comprometió a actuar como depositaria de la documentación de la quiebra y a gestionar el traslado de máquinas y bienes de terceros que permanecen en el lugar. Los enormes galpones albergan aún maquinaria embargada en otras causas judiciales, incluidos vehículos secuestrados en la causa Hotesur-Los Sauces.

Sin embargo, no se ha hecho público un cronograma detallado con plazos de ejecución de los proyectos anunciados ni montos de inversión adicional requeridos más allá de los 2 millones de la compra. Tampoco se especificó qué porcentaje del predio se destinará a cada emprendimiento ni cuántos empleos directos se generarían.

Operación pendiente de escrutinio

El pedido de informes de la Cámara apunta a obtener precisiones sobre el estado actual del trámite de adquisición, considerando que tras la adjudicación la empresa estatal tenía cinco días para depositar el saldo del precio, el IVA sobre el precio de adjudicación (10,50% sobre el 40% del precio de venta), la comisión de martilleros y el Impuesto de Sellos provincial.

La Fiscalía de Estado, a cargo del fiscal Ramiro Castillo, lideró junto al directorio de Santa Cruz Puede S.A.U. la propuesta de venta directa durante el proceso judicial. Consultadas sobre la adjudicación, autoridades de la empresa estatal declinaron realizar comentarios mientras el proceso judicial permaneciera abierto.

El pedido de informes deberá establecer si los desembolsos adicionales fueron realizados en tiempo y forma, cuál es el cronograma de inversiones proyectadas y qué mecanismos de rendición de cuentas se implementarán para una operación que involucra activos públicos adquiridos con fondos del Estado provincial. La unanimidad en la votación sugiere consenso sobre la necesidad de transparencia en el destino de un predio emblemático tras casi una década de abandono.