Fondos privados reemplazarán aportes previsionales en el costo de indemnizaciones

El proyecto establece el Fondo de Asistencia Laboral, un mecanismo donde las empresas aportan el 3% de las remuneraciones que actualmente destinan al Sistema Integrado Previsional Argentino. Ese porcentaje será descontado de las contribuciones patronales a la Anses, generando una transferencia de recursos desde el financiamiento jubilatorio hacia entidades habilitadas por la Comisión Nacional de Valores.

El texto no especifica cómo invertirán estos fondos las gestoras privadas. La reglamentación posterior del Banco Central y la CNV determinará los instrumentos permitidos. El proyecto solo establece que las entidades no podrán invertir en sus propias empresas. El Gobierno proyecta que este sistema evitará quiebras de pequeñas y medianas empresas que enfrentan pagos indemnizatorios, aunque no cuantifica el impacto fiscal sobre el sistema previsional.

Las contribuciones a obras sociales experimentarán una reducción del 6% al 5%. La medida recorta un punto porcentual de financiamiento a instituciones sindicales que atraviesan situaciones financieras complejas. El proyecto no precisa quién absorberá el costo para trabajadores que derivan sus aportes a prepagas mediante la diferencia que ahora no ingresará al sistema.

Empresas pierden obligación de retener cuotas sindicales y se modifican aportes solidarios

Las compañías ya no actuarán como agentes de retención automática de las cuotas mensuales de afiliación gremial. El texto establece que el descuento será opcional y requerirá conformidad expresa del empleado y acuerdo entre ambas partes. No existe claridad sobre qué mecanismo alternativo implementarán los sindicatos para recaudar directamente de sus afiliados.

Los aportes solidarios deberán contar con aceptación expresa de los trabajadores. Actualmente estos descuentos operan sin autorización individual. La obligatoriedad solo permanecerá si queda establecida en convenios colectivos por empresa, no en acuerdos sectoriales generales.

El proyecto incorpora en los recibos de sueldo el detalle de todos los montos que la empresa destina a financiar gremios, sumado a lo que se descuenta al trabajador. El secretario de Trabajo Julio Cordero mantuvo reuniones semanales con representantes de la CGT durante la elaboración del texto. Los encuentros incluyeron al ministro Federico Sturzenegger y a la secretaria María Ibarzábal Murphy, aunque no generaron consenso en varios puntos.

Justicia porteña dirimirá conflictos laborales y se establece tope para actualizar juicios pendientes

El proyecto refuerza el traspaso de los fueros laborales nacionales al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, una medida que el Gobierno considera mandato constitucional desde la reforma de 1994. La iniciativa busca reducir la discrecionalidad judicial en la aplicación de criterios indemnizatorios.

Para juicios futuros, la actualización será el índice de precios del Indec más el 3%. Para el stock de litigios en curso, el texto crea una banda con techo del mismo valor pero con piso del 67% del IPC más 3%. El Gobierno argumenta que las empresas no pudieron actualizar sus reservas para enfrentar juicios durante años de tasas negativas y alta inflación.

El aguinaldo queda excluido del cálculo de indemnizaciones por despido. Anteriormente existían interpretaciones contradictorias: tribunales bonaerenses lo incluían mientras juzgados porteños lo rechazaban. El exjuez laboral Guillermo Comadira respaldó la exclusión siguiendo lo que considera jurisprudencia mayoritaria nacional.

Cambios en convenios colectivos y régimen específico para trabajadores de plataformas digitales

La reforma termina con la ultraactividad de convenios colectivos, algunos vigentes desde hace más de 50 años sin renovación. Los convenios inferiores prevalecerán sobre los superiores cuando existan: acuerdos regionales o por empresa tendrán prioridad sobre pactos sectoriales generales. Se facilita la constitución de sindicatos de empresa para acercar negociaciones a trabajadores específicos.

El proyecto crea un régimen particular para empleados de aplicaciones de mensajería y transporte. El marco opera fuera de la ley de Contrato de Trabajo por incompatibilidad con dos principios: el de concurrencia (estos trabajadores operan simultáneamente para múltiples firmas) y el horario (definen sus propios períodos de actividad). Las empresas buscaban claridad legal para ofrecer elementos de seguridad y capacitación sin que los tribunales interpreten la relación de dependencia en futuros litigios.

Recortes fiscales incluyen Ganancias corporativas y actualización de quebrantos

El texto incorpora reducciones en el impuesto a las Ganancias para sociedades y permite actualizar los quebrantos impositivos acumulados. Se agregan incentivos para inversiones medianas que incluyen amortización acelerada de activos y devolución anticipada de IVA.

Las cargas patronales disminuyen para nuevas contrataciones mediante rebajas en contribuciones previsionales. El proyecto incluye un proceso de blanqueo laboral con beneficios tributarios para formalizar empleados. No existen proyecciones oficiales sobre el incremento de formalización que generaría la normativa, aunque el Gobierno anticipa mayor recaudación por registro de trabajadores.

La CGT convocó una marcha para el 18 de diciembre hacia Plaza de Mayo en rechazo a la reforma. El oficialismo aspira iniciar la discusión en comisiones del Senado, donde el texto fue girado a Trabajo como cabecera y Presupuesto y Hacienda. Legisladores libertarios indicaron que recibieron cerca de 100 solicitudes de expositores para las audiencias.

Pendientes reglamentarios

El proyecto aguarda definiciones centrales en su reglamentación. La Comisión Nacional de Valores deberá establecer requisitos para habilitar gestoras del Fondo de Asistencia Laboral y determinar en qué instrumentos invertirán aportes que antes financiaban jubilaciones. El Banco Central fijará limitaciones adicionales de inversión. No se especificó plazo para estas normativas complementarias, ni se cuantificó el costo fiscal que representa desviar el 3% de contribuciones desde la Anses hacia fondos privados.

Foto: I Profesional (https://www.iprofesional.com)