La audiencia del 9 de diciembre abordó las primeras 110 fojas del requerimiento que atribuye a Fernández de Kirchner, al exministro Julio De Vido y al exsecretario José Francisco López 191 hechos de cohecho pasivo. La fiscalía sostiene que entre 2007 y 2015 funcionó un esquema donde la Cámara Argentina de Empresas Viales coordinaba adjudicaciones de contratos estatales.

El expediente identifica como receptor de pagos al financista Ernesto Clarens, quien en su testimonio como imputado colaborador afirmó haber recibido entregas semanales promedio de 300.000 dólares en pesos. Clarens declaró que un grupo reducido de empresarios le entregaba mensualmente listados con datos de licitaciones: número, presupuesto oficial, empresa adjudicataria, monto ofertado y porcentaje de sobreprecio. Estos registros conformaban un ranking utilizado para distribuir obras entre las firmas participantes.

El tribunal, integrado por Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, dedicó cuatro horas a repasar las declaraciones de Carlos Wagner, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción entre 2004 y 2012, y de Clarens. Ambos testimonios reconstruyen el funcionamiento del mecanismo recaudador según la acusación fiscal.

José Francisco López, exsecretario de Obras Públicas, declaró como colaborador que supervisaba obras de Vialidad Nacional. El testimonio indica que cuando existía anticipo financiero del 10% del contrato, se destinaba aproximadamente 5% como retorno. En obras sin adelanto, el porcentaje sobre certificados era del 3%. Wagner confirmó esta dinámica de distribución en su declaración.

Los 51 empresarios acusados en este tramo enfrentan imputaciones por cohecho activo. Entre ellos: Angelo Calcaterra, Hugo Dragonetti, Aldo Roggio y José Cartellone. Solo seis de los 57 acusados son exfuncionarios públicos. La fiscalía sostiene que las empresas pactaban, entre sí, ganadores de licitaciones, sobreprecios y porcentajes destinados a funcionarios de Planificación y Vialidad Nacional.

La causa se desprendió del expediente central en agosto de 2018. La apertura respondió a indicios que demostraban que la asociación ilícita también operaba en áreas específicas como obra pública civil, energía y transporte. Los testimonios de López, Wagner y Clarens ante el fiscal Carlos Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadío fueron determinantes para reconstruir el esquema.

El calendario original se alteró la semana pasada cuando los defensores Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro presentaron una recusación contra los magistrados que condenaron a De Vido en septiembre, por el caso Gas Licuado. El planteo fue rechazado in limine. El tribunal dispuso que los días 11, 16 y 18 de diciembre se leerán capítulos sobre hechos, descargos, acuerdos de colaboración y valoración de prueba del Ministerio Público Fiscal.

El 23 de diciembre, antes del receso, se escucharán los requerimientos de la Fiscalía Federal N°4 sobre los expedientes "Trenes" y "Corredores Viales", que investigan maniobras en peajes y transporte ferroviario. Fernández de Kirchner y su abogado Carlos Beraldi siguen el proceso de forma virtual.

La acusación atribuye a Fernández de Kirchner 164 hechos adicionales de cohecho en este tramo específico de obra vial, que se suman a los 40 hechos ya leídos en la primera jornada del juicio. La fiscalía calcula que estos episodios representan más de 10,4 millones de dólares. La cifra total estimada del tramo "La Camarita", según los montos de embargos actualizados desde 2018, rondaría los 8 millones de dólares.

El requerimiento identifica también como imputados en calidad de miembros de la organización a: Sergio Hernán Passacantando, exgerente de Administración de Dirección Nacional de Vialidad; Nelson Guillermo Periotti, exadministrador general de la DNV; Sandro Férgola, exgerente de Obras y Servicios Viales; y 43 empresarios contratistas del Estado en obras civiles.

Las audiencias del 11, 16 y 18 de diciembre completarán la lectura de las acusaciones fiscales y de la Unidad de Información Financiera en "La Camarita". La última jornada antes de la feria, el 23 de diciembre, abordará los tramos ferroviario y de corredores viales. El proceso se reanudará en febrero de 2026 con el inicio de las 86 indagatorias. Los imputados deberán presentarse ante el tribunal para acreditar identidad y datos personales, aunque opten por no declarar.