El Ministerio de Seguridad de Santa Cruz sancionó esta semana a efectivos policiales que recolectaban firmas para integrar el Consejo del Salario, lo que generó un fuerte malestar interno y advertencias sobre posibles medidas de fuerza. La situación administrativa se originó tras un pedido de representación alternativa a la Asociación Civil Policial, fundamentado en la vigencia de una normativa provincial que permite la participación de delegados con el respaldo de un sector.

En este marco, la controversia se centra específicamente en la interpretación del Decreto 212, firmado en el año 2014. Esta norma establece que los representantes policiales que logren reunir la adhesión del 20% de la fuerza efectiva pueden integrar las mesas de negociación. Bajo esta premisa, el grupo de Policías Autoconvocados inició una campaña para obtener los avales necesarios, argumentando que la búsqueda de firmas es un mecanismo legal para obtener representatividad. Sin embargo, la cúpula policial calificó este accionar como una falta administrativa, lo que derivó en actuaciones directas contra los agentes involucrados en la colecta.

Como consecuencia directa de este conflicto, la Jefatura dispuso medidas contra el suboficial escribiente Víctor Cortés, quien recibió una notificación de sumario que incluye la suspensión por 30 días y el retiro de su arma reglamentaria. Además, se le impusieron 20 días de arresto por intentar solicitar avales en la banda de música policial. Junto a Cortés, otros dos efectivos habrían recibido sanciones similares bajo argumentos de presunto entorpecimiento de la disciplina interna. Los afectados sostienen que los responsables de los sumarios mantienen vínculos con la conducción de la asociación civil, lo que cuestionaría la imparcialidad de los procesos administrativos.

Ante este escenario, el malestar se extendió hacia las bases de la fuerza, especialmente en localidades de zona norte de la provincia. Los efectivos analizan realizar marchas y bocinazos ante lo que consideran un método disciplinador por parte de la jerarquía que encabeza Diego Agüero. Los reclamos también alcanzan la conducción política del área de seguridad, cuestionando el rol del ministro Javier Prodromos y solicitando la intervención del gobernador Claudio Vidal. Los pedidos se centran en la anulación de los sumarios y en una revisión salarial que atienda la situación económica del sector, que denuncian como crítica.

Asimismo, la crisis administrativa expuso denuncias sobre presuntas disparidades en los criterios disciplinarios aplicados por la institución. Mientras los suboficiales enfrentan suspensiones por la recolección de firmas, fuentes del sector señalan que existen oficiales superiores con expedientes abiertos por delitos de mayor entidad que continúan en funciones activas. Para los delegados de los autoconvocados, esta gestión desgasta la institucionalidad de la policía, por lo que instaron al jefe de Gabinete, Pedro Luxen, a revisar el funcionamiento de la cúpula policial para evitar un agravamiento del conflicto que afecte la prestación del servicio.

El Poder Ejecutivo provincial mantiene por ahora el silencio oficial respecto a la posibilidad de dejar sin efecto las sanciones. Mientras tanto, los efectivos ratificaron que continuarán con el acopio de avales para intentar formalizar su participación en la mesa paritaria, a pesar de las consecuencias administrativas impuestas.