El gobernador Claudio Vidal responsabilizó al Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz por frenar la aplicación de la ley 3949, que ampliaba de cinco a nueve el número de vocales del máximo tribunal provincial. Tras la declaración de inconstitucionalidad de la norma, se generó un escenario de confrontación institucional que derivó en presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Vidal vinculó la crisis judicial con la situación social de la provincia, marcada por la contradicción entre abundancia de recursos naturales y altos niveles de vulnerabilidad. En una entrevista radial, invitó a recorrer barrios afectados y denunció que las decisiones judiciales impactan en las finanzas provinciales y en la capacidad de gestión del Ejecutivo.

El conflicto interno del TSJ se tradujo en un esquema de “doble comando”: un bloque de cuatro jueces identificado con el kirchnerismo y otro integrado por los nuevos vocales designados por Vidal. Estos últimos denunciaron impedimentos para asumir funciones, falta de despachos y retrasos en el pago de haberes, que recién fueron habilitados en un 50% por la Legislatura.

La Fiscalía de Estado calificó el rechazo del recurso extraordinario federal como un “exceso ritual manifiesto” y solicitó la intervención de la Corte Suprema para restablecer el orden constitucional. En paralelo, el oficialismo acusa a sectores vinculados a la exgobernador Alicia Kirchner y al gremio de judiciales de sostener medidas cautelares que bloquean la reforma.

Actualmente, la Corte Suprema analiza al menos cuatro expedientes relacionados con el caso. La definición del máximo tribunal será determinante para establecer si la ampliación del TSJ se mantiene o si prevalece la decisión de inconstitucionalidad dictada en Santa Cruz.

En este contexto, el Gobierno provincial espera que la intervención nacional permita normalizar la administración judicial y garantizar la gobernabilidad, mientras persiste la incertidumbre sobre la integración definitiva del Tribunal Superior.