La Legislatura enfrento hoy una crisis por la iniciativa de emergencia; sindicatos anuncian protestas y la policía refuerza la seguridad en puntos céntricos mientras el Ejecutivo busca apoyo.

La ministra Belén Elmiger aseguró que la iniciativa de emergencia no ingresaría mañana a la cámara, pero su afirmación contrasta con la actividad en torno al recinto, según declaraciones de la propia funcionaria. Elmiger negó la presentación inminente, aunque la presencia de movimientos y la agenda legislativa mantienen la incertidumbre sobre el calendario.

Fuentes del gobierno provincial atribuyeron el operativo de seguridad a la llegada de directivos de empresas petroleras que se reunirían con el gobernador, y sostuvieron que esa visita justificó el refuerzo de efectivos. Las mismas fuentes señalaron que la comitiva empresarial busca definir inversiones, aunque los sindicatos cuestionan la proporcionalidad del despliegue.

Una fuente interna de la Cámara de Diputados explicó que, si la iniciativa ingresa antes de las cinco, podría tomar estado parlamentario y derivarse a comisiones, pero advirtió que el oficialismo no cuenta con los dos tercios necesarios para aprobarla sobre tablas. Esa fuente añadió que existen dudas sobre la lealtad de algunos legisladores propios frente al costo político de la votación.

Desde el Ejecutivo, voceros reconocieron que se realizan gestiones para sumar apoyos y que se han mantenido contactos con sectores policiales interesados en integrar la Mesa del Salario, pese a las negaciones públicas del ministro Pródromos. Las fuentes gubernamentales describieron esas reuniones como parte de una estrategia de persuasión para reducir resistencias internas.

El operativo policial en las inmediaciones de la Casa de Gobierno fue documentado por medios locales, que registraron móviles cortando calles y retenes en puntos céntricos. La cobertura gráfica y el testimonio de observadores locales muestran un despliegue que los gremios consideran desmedido frente a una visita empresarial que, según el gobierno, no tendría carácter conflictivo.

Representantes del Frente Gremial y otros sindicatos confirmaron que mantendrán reuniones con diputados y que intentarán obstaculizar el tratamiento de la iniciativa, al considerar que la medida implicaría costos para los trabajadores. Voces sindicales advirtieron además que la movilización busca presionar para que el proyecto no avance sin consenso amplio.

Según las fuentes consultadas, el Ejecutivo intentará asegurar apoyos en las próximas horas, pero no está definido si alcanzará los votos necesarios; la agenda y el despliegue policial están confirmados, mientras que la fecha exacta de tratamiento y el resultado final permanecen inciertos.

Imagen: OPI Santa Cruz