La investigación administrativa municipal identificó irregularidades en el manejo del Programa Tarjeta Social, que derivaron en la separación preventiva de la responsable del área. La investigación administrativa señala como principal responsable a la señora Nain, quien se desempeñaba como Jefa del Departamento de Abordaje Territorial. El hecho que motivó la pesquisa ocurrió el 26 de febrero, cuando un beneficiario advirtió movimientos en una tarjeta que, según su versión, nunca le fue entregada.

Según el informe remitido al Concejo Deliberante, varias tarjetas figuraban como activadas en la plataforma pero no habían sido entregadas físicamente a sus titulares. Por caso, un beneficiario recibió una notificación de una compra por $6.000 y al consultar en la Dirección de Abordaje Integral constató que la tarjeta estaba preparada para su entrega, aunque él no la había recibido. El escándalo estalló el pasado 26 de febrero, cuando un vecino se presentó en la Dirección de Abordaje Integral para retirar su tarjeta.

El Ejecutivo municipal informó la incorporación de un nuevo punto al protocolo operativo —denominado Punto 9— que obliga a devolver las tarjetas a la provincia si no se entregan en un plazo máximo de 7 días. Además, la responsabilidad operativa fue delegada en la Lic. Estefanía Cardozo mientras avanza la investigación administrativa. De acuerdo con lo comunicado por el Municipio, también se formalizó una denuncia penal para determinar posibles complicidades.

Los beneficiarios afectados reclaman la devolución de los montos utilizados y exigen mantener el derecho al beneficio. Testimonios recogidos por la investigación relatan demoras en la entrega y trato desatento por parte del personal municipal, lo que alimentó la desconfianza en el proceso de distribución. En lo institucional, la situación expone vacíos en la custodia de plásticos y en la trazabilidad de activaciones.

La denuncia penal ya está en trámite y la investigación administrativa continúa; sin embargo, el informe oficial no precisa la cantidad exacta de tarjetas activadas irregularmente ni el monto total comprometido. Esa ausencia de cifras impide, por ahora, dimensionar el alcance del desvío y evaluar responsabilidades más amplias.

Para el Ejecutivo, las medidas adoptadas buscan restablecer controles y transparencia en la asistencia alimentaria; la causa penal determinará si hubo redes de complicidad. Mientras tanto, la falta de datos cuantitativos oficiales mantiene la incertidumbre sobre el alcance real del problema y condiciona la evaluación de medidas correctivas adicionales.