El juez Julián Ercolini, siguiendo el dictamen del fiscal Eduardo Taiano, consideró que Fein incurrió en acciones deliberadas que permitieron la alteración de la escena del hecho. Según el magistrado, no se trató de meros errores, sino de una conducta intencional que obstaculizó el avance de la investigación, al tratar el inmueble “como si se tratara de un espacio desprovisto de relevancia probatoria”. Se le imputa, entre otras irregularidades, haber permitido el ingreso masivo de personas —hasta 88 según las constancias— sin control adecuado, la contaminación de pruebas y el inadecuado manejo de elementos clave como el arma y el teléfono celular.

Ercolini dispuso además el embargo de 15 millones de pesos sobre sus bienes. La defensa de Fein rechazó de plano la imputación, calificándola de “conjetural” y sosteniendo que no se han individualizado pruebas concretas que se hayan perdido ni el perjuicio específico causado a la pesquisa. Su abogado anunció que apelará el procesamiento.

Esta decisión judicial refuerza la hipótesis de que Nisman fue víctima de un homicidio y no de un suicidio. El fiscal había aparecido muerto apenas cuatro días después de presentar una denuncia contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios por el supuesto encubrimiento a los iraníes acusados del atentado a la AMIA mediante el Memorándum de Entendimiento firmado en 2013.

Precisamente esa denuncia es el eje central de la causa por el Memorándum con Irán. Tras la confirmación de la Corte Suprema en diciembre de 2024, el Tribunal Oral Federal N° 8 rechazó en abril de 2026 los planteos de nulidad presentados por las defensas, dejando el expediente en condiciones de fijar fecha de inicio del juicio oral, la cual se anticipa para las próximas semanas, idealmente antes del 18 de julio.

Entre los principales acusados figuran Cristina Fernández de Kirchner, como máxima responsable política del acuerdo; Carlos Zannini, con un rol central en su redacción y negociación; Oscar Parrilli y Juan Martín Mena, vinculados a la Secretaría General de la Presidencia y a los servicios de inteligencia, junto a otros exfuncionarios y dirigentes como Eduardo Zuain, Andrés Larroque, Luis D’Elía y Fernando Esteche. Todos enfrentan cargos por encubrimiento agravado.

De confirmarse una condena, las penas previstas oscilarían entre dos y seis años de prisión. En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, una eventual pena efectiva acarrearía su inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos.

De esta forma, el procesamiento de Fein no solo reabre interrogantes sobre las primeras horas de la investigación, sino que estrecha aún más los vínculos entre ambas causas, configurando uno de los capítulos más complejos y sensibles de la historia judicial argentina contemporánea.