El gobernador Claudio Vidal envió este miércoles a la Legislatura de Santa Cruz un proyecto para emitir deuda por US$ 600 millones, destinado a infraestructura y reestructuración de pasivos.

La provincia argumenta la necesidad de ordenar las cuentas públicas frente al déficit fiscal proyectado en el Presupuesto 2026. El objetivo principal es financiar gastos de capital y cancelar compromisos económicos preexistentes del sector público.

El texto, ingresado bajo la denominación de Proyecto N° 257, estipula un plazo de amortización que alcanza los 15 años. Esta extensión temporal implica que las obligaciones financieras superarán el mandato actual. La cartera económica podrá definir si emite bonos en mercados nacionales o toma préstamos con organismos multilaterales, aplicando tasas fijas, variables o mixtas con frecuencias de pago adaptables.

Para respaldar las operaciones, el gobierno propone afectar los ingresos derivados de las regalías hidrocarburíferas y mineras, sumado a los recursos de la coparticipación federal. El documento aclara que se utilizarán los montos netos, resguardando la porción de los fondos que corresponde a municipios y comisiones de fomento.

Asimismo, la normativa faculta a las autoridades a prorrogar la jurisdicción hacia tribunales del exterior, abarcando sedes en Nueva York o Londres. Esto incluye la renuncia a la inmunidad soberana de la provincia ante eventuales disputas legales. Todos los contratos resultantes gozarán, además, de exenciones sobre impuestos provinciales. "El endeudamiento no estará destinado exclusivamente a nuevas obras", señaló al justificar el apartado enfocado en la reestructuración.

La tramitación parlamentaria exhibe diferencias en el escenario sindical local. Sectores como AMET y UPCN manifestaron respaldo a la medida oficial, bajo la premisa pública de que garantizará la liquidación de haberes mensuales. Por otra parte, la administración intenta persuadir a gremios más reticentes que anticipan rechazos, entre ellos Adosac y ATE.

Sin embargo, el ministro de Economía provincial, Ezequiel Verbes, descartó la utilización del capital para sueldos. En una conferencia de prensa reciente, indicó que las herramientas aplicables dependerán de la recaudación y subrayó de forma explícita que la moneda extranjera obtenida no solventará gastos corrientes. Representantes gremiales opositores cuestionan la decisión al recordar experiencias pasadas con fondos del sector petrolero, donde el dinero no logró revertir el déficit estructural de las cajas provinciales.

Frente a la propuesta oficial, los bloques opositores en la Cámara de Diputados impulsaron una iniciativa paralela. La contrapropuesta sugiere reorganizar los recursos del Fondo Unirse para asistir financieramente a las administraciones municipales, presentándolo como un método válido para eludir la toma de crédito externo.

Según la dinámica legislativa actual, el oficialismo no reúne las bancas suficientes para habilitar el debate del texto sobre tablas. Por esa razón, el expediente continuará su curso habitual de análisis en las comisiones de trabajo.

Para el gobierno de Claudio Vidal, la eventual sanción de esta ley aportará previsibilidad a las arcas del distrito a corto plazo. No obstante, en la Legislatura prevén que el tratamiento en comisiones requerirá negociaciones detalladas sobre las condiciones del mercado y los mecanismos de control sobre el dinero durante las próximas administraciones.