Efectivos policiales autoconvocados ratificaron este miércoles la continuidad del acampe frente a la gobernación de Río Gallegos, tras rechazar la solicitud oficial de levantar la medida de fuerza.

La negociación salarial entre la administración provincial y las fuerzas de seguridad atraviesa un período de tensión interna. El Poder Ejecutivo intenta desactivar la ocupación del espacio público para encauzar el diálogo en el marco formal de las paritarias sectoriales.

El encuentro desarrollado el martes por la noche reunió al secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena, con delegados de la Policía de Santa Cruz y del Servicio Penitenciario Provincial. El funcionario solicitó desmantelar el asentamiento que los agentes mantienen en el perímetro externo del edificio gubernamental. Desde la perspectiva oficial, se transmitió que las finanzas públicas realizan el máximo empeño para confeccionar una propuesta que destrabe las discusiones.

Los representantes del personal uniformado descartaron una interrupción de las medidas de fuerza en el corto plazo. Los delegados manifestaron que la permanencia en el sitio responde a un mandato colectivo de las asambleas y no a voluntades particulares. Por esa razón, notificaron a las autoridades laborales que la protesta continuará. La resolución de levantar el acampe queda condicionada a la presentación de una oferta de haberes que reciba la aprobación de los trabajadores.

El núcleo del desacuerdo radica en la estructura de las compensaciones ofrecidas previamente por el Estado. El esquema rechazado por los agentes contemplaba una modificación en el valor del punto junto con el pago de sumas fijas no bonificables. Se exige que cualquier incremento posea carácter remunerativo, de modo que beneficie tanto al personal en actividad como a los sectores pasivos y pensionados.

El proceso político sumará un nuevo capítulo institucional en los próximos días. Las partes volverán a encontrarse formalmente en la mesa del Consejo del Salario programada para el próximo 30 de junio. Hasta entonces, las negociaciones informales continuarán bajo la presión del esquema de protesta actual en la capital provincial.