El referente de los agentes autoconvocados, Víctor Cortés, afirmó que la resolución oficial que dio por cerrada la paritaria no desactiva el conflicto. Según el suboficial, la huelga registra una adhesión cercana al 95% en las distintas localidades y los campamentos frente a las dependencias policiales se mantendrán.

"El Gobierno pensó que con un decreto lo iba a solucionar y no es así. Vamos a seguir endureciendo la medida", advirtió Cortés. El reclamo principal busca elevar los haberes de las escalas más bajas para cubrir la canasta básica total, un incremento que exigen hacer extensivo a retirados y pensionados.

Desde el Movimiento de Uniformados Policiales (MUP) denunciaron la existencia de presiones institucionales para forzar el levantamiento de las protestas. Cortés detalló que el suboficial Godoy, representante de la zona norte, recibió llamadas telefónicas desde números privados en las que se amenazaba con ordenar la detención de los 12 miembros de la mesa de conducción si no cesaban las acciones directas.

A estas advertencias se suman presuntas maniobras de amedrentamiento ejercidas por funcionarios del Ministerio de Seguridad sobre el personal subalterno. El vocero de la protesta aseguró que estas situaciones serán presentadas ante la justicia y que la decisión oficial de descontar los días de paro no modificará la postura de los trabajadores.

Los representantes policiales sostienen que desde el inicio del conflicto no existieron negociaciones reales, sino imposiciones unilaterales. Actualmente, los canales de diálogo permanecen interrumpidos y no hay fijada una fecha para un nuevo encuentro entre las partes. La resolución del conflicto queda supeditada a que el Poder Ejecutivo provincial formule una propuesta salarial que supere los términos del decreto.