La reciente resolución judicial que habilita a la provincia de Santa Cruz a retener fondos de la coparticipación municipal para cancelar deudas históricas con la Caja de Previsión Social y la Caja de Servicios Sociales reavivó el conflicto financiero entre el Ejecutivo provincial y las intendencias. El secretario de Hacienda de Río Gallegos, Diego Robles, advirtió que la medida persigue una finalidad política contra el intendente Pablo Grasso, pero alertó que su ejecución impactará directamente sobre las administraciones locales, poniendo en riesgo el pago de los salarios líquidos de los trabajadores.

El funcionario municipal señaló que la imposibilidad de afrontar la totalidad de los aportes patronales constituye una realidad estructural generalizada en la provincia que se remonta a la década de 1980. En ese sentido, recordó que la normativa vigente ya establece un mecanismo de financiamiento mediante el cual se detrae automáticamente el 20% de la masa coparticipable con destino al sistema previsional, por lo que avanzar con quitas adicionales resentirá la gobernabilidad de los municipios.

Robles diferenció la postura de las actuales autoridades de la provincia respecto de gestiones anteriores y observó una contradicción en el desempeño de quienes impulsaron el fallo. Al respecto, afirmó que durante los mandatos de Sergio Acevedo como gobernador, así como en la trayectoria del procurador subrogante Sosa como asesor legal de la capital santacruceña, se respetó la autonomía municipal y no se implementaron retenciones automáticas por estos conceptos, pese a que las deudas ya existían.

De acuerdo con el análisis de la secretaría económica capitalina, la aplicación del descuento posee un carácter discrecional, dado que requiere una solicitud formal de la presidencia de la caja previsional al Ministerio de Economía para que este proceda a la detracción. El funcionario sostuvo que utilizar esta herramienta de presión financiera no resolverá el problema de fondo y perjudicará la paz social en un contexto donde localidades como Caleta Olivia evidencian serias dificultades para cubrir sus planillas salariales básicas con los recursos actuales. Denegó, además, que este tipo de medidas coactivas logren forzar a los municipios a contraer endeudamiento en moneda extranjera.

Desde la conducción de Río Gallegos ratificaron que la única alternativa sustentable para regularizar el sistema de aportes es modificar la ley de coparticipación provincial para alterar la distribución primaria de recursos en favor de las comunas, acompañando el proceso con pautas estrictas de responsabilidad fiscal. Robles subrayó que esta propuesta de reforma fue presentada por la gestión municipal en 2019 y que formó parte de los compromisos de campaña asumidos por el gobernador Claudio Vidal en 2023, sin que se hayan registrado avances concretos para su tratamiento legislativo.

Respecto de los canales de negociación, el secretario de Hacienda confirmó que el municipio de Río Gallegos no recibió ninguna convocatoria oficial para participar de las mesas de trabajo convocadas en Casa de Gobierno para abordar la problemática previsional. Según la información disponible por la administración capitalina, la exclusión del debate institucional también afecta a los jefes comunales de El Calafate, 28 de Noviembre y Río Turbio.