La conducción de la empresa estatal advirtió que las actuaciones administrativas iniciadas por la Municipalidad de Río Gallegos amenazan la continuidad de un desarrollo destinado a generar puestos de trabajo y abaratar el costo de los alimentos. En esa línea, Javier Veliz cuestionó el criterio del control comunal al señalar que en la misma parcela operó anteriormente la firma Austral Construcciones registrada bajo la categoría de terreno baldío, sin que se aplicaran fiscalizaciones ni sanciones en su momento.

Para la puesta en valor y acondicionamiento del predio, Santa Cruz Puede S.A.U. ejecutó un desembolso inicial superior a los 110 millones de pesos, además de asumir un plan de pagos de 12 millones de pesos mensuales durante diez meses para regularizar la situación documental de las instalaciones.

El conflicto actual suma un antecedente reciente en las discrepancias entre el Gobierno Provincial y la administración capitalina. Meses atrás, personal municipal decomisó mercadería de la sociedad anónima provincial alegando presuntas infracciones regulatorias. Desde la conducción de la firma rechazaron la medida y argumentaron que dichos productos cuentan con la habilitación correspondiente y se comercializan con normalidad en distintos puntos del país.

Frente a la posibilidad de que el municipio efectivice la clausura del predio, las autoridades del proyecto ratificaron que sostendrán el funcionamiento del espacio productivo y el esquema de regularización pautado para resguardar la actividad comercial de los productores locales.