El no cobro del plus compensador por parte de los retirados y pensionados de la Policía de Santa Cruz y del Servicio Penitenciario Provincial en las liquidaciones del 24 de este mes encendió las alarmas en el sector pasivo. La vocal por los pasivos en la Caja de Previsión Social, Viviana Carabajal, sostuvo que esta exclusión responde a la aplicación del Acuerdo 2700 de directorio y la Resolución 307, instrumentos que se imponen indebidamente por encima de las leyes provinciales y nacionales vigentes.

Carabajal explicó que el Artículo 122 de la ley previsional establece con claridad que el sector pasivo debe percibir los mismos incrementos que el personal en actividad. Cuestionó que la conducción del organismo priorice resoluciones internas adoptadas por mayoría para frenar la trasladabilidad de adicionales y modificaciones orgánicas a las jubilaciones. El tema fue derivado a comisiones en la Cámara de Diputados a instancias del legislador Pedro Muñoz, aunque la respuesta parlamentaria indicó la imposibilidad de legislar sobre aspectos que ya se encuentran normados por ley.

Esta interpretación administrativa genera división entre jubilados de primera y de segunda categoría. Quienes accedieron al beneficio antes de la resolución perciben la totalidad de los aumentos, mientras que los trabajadores retirados con posterioridad sufren la quita de adicionales generados en actividad. La medida vulnera el principio jurídico según el cual los vacíos legales deben interpretarse siempre a favor de la parte más débil, especulando con la lentitud de los procesos judiciales frente a los reclamos individuales.

A este conflicto se sumó la demora en la acreditación de haberes del 24 de este mes para los pasivos que no perciben sus sueldos a través del Banco Santa Cruz. Carabajal denunció un claro incumplimiento de la Ley 3840, la cual garantiza la percepción integral de los haberes en esa fecha para la totalidad de los beneficiarios. Aunque la presidencia de la Caja de Previsión Social atribuyó el retraso a demoras del sistema interbancario de entre 24 y 48 horas, la vocal desmintió esa explicación tras consultar en entidades como el Banco de la Nación Argentina y el Banco Hipotecario.

La problemática de liquidación alcanza a otros sectores de la administración pública provincial. En el caso de los jubilados de Servicios Públicos Sociedad del Estado, las actas del acuerdo paritario ingresaron con posterioridad al cierre de la liquidación general, por lo que el incremento correspondiente se abonará mediante planilla complementaria durante los primeros días de agosto.

Carabajal ratificó que continuará exigiendo la derogación del Acuerdo 2700 en el directorio del organismo previsional, bajo el antecedente de la anulación del Artículo 52 inciso C referido al aporte solidario. La representación de los pasivos se mantiene a la espera de la regularización total del pago de haberes pendientes para la totalidad del sector pasivo.