La designación de Fernando Españón en un cargo dentro de la estructura del Ejecutivo provincial provocó un profundo rechazo en el bloque opositor de la Cámara de Diputados. La legisladora Agostina Mora Doldán calificó la medida como un blanqueo y una formalización de la protección oficial hacia un exfuncionario que afronta procesos judiciales graves.

Durante una entrevista, la representante cuestionó duramente que el decreto correspondiente lleve la firma de una autoridad ministerial y advirtió sobre la desprotección que experimentan las personas que acuden al Estado en busca de resguardo. Asimismo, recordó que los informes previos sobre las partidas destinadas a políticas de género reflejaban una subejecución del noventa por ciento en el área.

En el plano administrativo y habitacional, la labor legislativa centró la atención en las controversias en torno al Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) y al Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI). Mora Doldán detalló que el oficialismo bloqueó en la Comisión de Presupuesto los pedidos de acceso a la información pública vinculados al manejo de dichos recursos y al estado de ejecución de obras provinciales.

La iniciativa, impulsada junto a los legisladores César Santi y Pedro Muñoz, no logró el acompañamiento del bloque oficialista encabezado por Santiago Aberastain y secundado por las diputadas Nieto López, Loreiro y Patricia Urrutia. Desde el espacio opositor remarcaron que Santa Cruz registra los índices más bajos de inversión en infraestructura habitacional en comparación con el resto del país, a pesar de recibir remesas automáticas nacionales sin contraparte provincial.

En relación con el tramo judicial que involucra al exlegislador, la diputada cuestionó la lentitud del Poder Judicial para avanzar en las causas tras la pérdida de la inmunidad parlamentaria. La falta de resoluciones expeditivas dificulta el acceso a una tutela efectiva para las denunciantes, en un escenario donde los tiempos procesales continúan bajo cuestionamiento institucional.