En una maniobra que califica como un auténtico abuso y una provocación directa al sector docente, el Consejo Provincial de Educación (CPE) aplicó descuentos indebidos de más de un millón de pesos a cientos de maestros y profesores en la última liquidación de haberes. Esta medida, ejecutada bajo el código 900 tanto en escuelas públicas como privadas, viola de manera flagrante los compromisos asumidos en la última mesa paritaria, donde se había estipulado formalmente suspender las quitas y proceder a la devolución progresiva de los montos descontados con anterioridad. Lejos de apaciguar el conflicto, la decisión del Ejecutivo reabre un escenario de confrontación abierta, desconociendo el valor de la negociación colectiva.

Frente a esta embestida, el gremio ADOSAC desplegó un paquete de acciones institucionales exigiendo respuestas inmediatas. El sindicato presentó notas dirigidas a la presidente del CPE,  Lic. Iris Adriana Rasgido, y al gobernador Claudio Vidal, solicitando la restitución urgente de los fondos expropiados a los trabajadores, explicaciones formales sobre el incumplimiento del acuerdo y la convocatoria a una reunión urgente. En paralelo, la entidad solicitó la intervención del Ministerio de Trabajo para que cite a una audiencia de partes entre el CPE y el gremio, recordando que ya se había advertido formalmente sobre la amenaza de estos descuentos sin que las autoridades provinciales se movieran para evitarlos.

El conflicto salarial pone al descubierto, además, la abierta contradicción y la falsedad en la que incurren los propios funcionarios del Poder Ejecutivo provincial a la hora de maquillar la adhesión a las medidas de fuerza. En un intento por premiar el no acatamiento al paro, el gobierno anunció un supuesto "estímulo por nuestra educación" de 500 mil pesos a pagar en dos cuotas. Fue el propio ministro de Economía, Verbes, quien terminó desmontando la mentira oficial al admitir públicamente que dicho beneficio alcanzará únicamente a entre 1.000 y 1.200 docentes sobre un total provincial de 14.280 trabajadores de la educación. El cálculo matemático es certero: la cifra oficial del propio gabinete confirma que solo un 7% u 8% del personal concurrió a las aulas, lo que ratifica que la medida de fuerza contó con un acatamiento histórico superior al 92%, tal como informó ADOSAC. Sin embargo, La presidente del CPE,  Iris Rasgido, sostuvo en paralelo que la adhesión al paro apenas rondó entre el 27% y el 31,7%. La disparidad abismal entre el Ministerio de Economía y el Consejo de Educación deja al descubierto la manipulación descarada de los datos y la falta absoluta de rigor que raya el papelón institucional.

A la persecución económica y al relato falaz se le suma el colapso físico del sistema escolar. Este 6 de agosto, la comunidad educativa debió decretar el cierre e interrupción total de actividades presenciales en el edificio ubicado en calle Perito Moreno 630, donde funcionan el Colegio Provincial de Educación Secundaria N° 10 en el turno mañana, el Colegio Secundaria N° 38 "Juana Azurduy" en el turno tarde y diversas dependencias administrativas del propio Consejo Provincial de Educación. Tras meses de deterioro progresivo, la situación edilicia se volvió insostenible luego del receso invernal debido al colapso casi total del sistema de calefacción. El gimnasio llevaba ya dos meses congelado, pero al regreso de las vacaciones la falta de gas y calor se extendió a la planta baja, la cocina donde los alumnos reciben la merienda, las oficinas de rectoría y los sanitarios.

Las condiciones de habitabilidad tocaron un límite crítico cuando el suministro de agua se cortó en el primer piso, obligando a los estudiantes a desplazarse a los baños helados de la planta baja durante cada recreo. El intento de sostener el dictado de clases mediante una rotación de aulas en los pocos espacios del primer piso que aún conservaban un nivel mínimo de temperatura no hizo más que agravar el caos organizativo, sometiendo a docentes, auxiliares y alumnos a trasladar carpetas, documentos e insumos en ambientes con temperaturas totalmente incompatibles con la salud. Ante esta desidia, y tras la presentación de actas de reclamo firmadas por estudiantes, familias, docentes y personal auxiliar, se resolvió la suspensión indefinida de clases hasta que el gobierno provincial ejecute obras reales de reparación y garantice condiciones mínimas de salubridad y seguridad. La postal de dos colegios secundarios cerrados y cientos de docentes saqueados en sus sueldos sintetiza un modelo de gestión que predica el discurso de la educación mientras destruye sus escuelas y maltrata a sus trabajadores.