El diputado provincial por el pueblo de Pico Truncado, José Luis Quiroga, se encuentra imputado por el delito de fraude a la administración pública en el marco de una investigación penal que reconstruyó la exigencia y percepción de giros de dinero a su cuenta bancaria personal por parte de funcionarios nombrados en la comuna y en la órbita provincial.

La causa tomó impulso tras la presentación realizada por Cintia González y el trabajo de verificación a cargo del oficial Matías Parajón, quien constató más de 190 capturas de pantalla con comprobantes de transferencias hacia las cuentas del legislador. Según consta en las actuaciones, Quiroga cobraba montos variables de acuerdo al rango de cada cargo político, bajo el argumento de destinar esos fondos a la actividad partidaria.

En la maniobra también figuran imputadas como partícipes necesarias la expresidenta del Concejo Deliberante, Tamara Nadir Vera, y una empleada de apellido Chosco. A Vera se la vincula con la gestión de los cobros y la firma del contrato de la hija del diputado, quien residía en la provincia de Catamarca e ingresó a la nómina salarial sin haber asistido a cumplir funciones en el cuerpo deliberativo. Por su parte, a Chosco se la investiga por haber retenido documentación contable que debía remitirse al Tribunal de Cuentas.

El escenario en la localidad norteña incluye además la situación del intendente Pablo Sebastián Anabalón, denunciado por los delitos de abuso de autoridad, fraude a la administración pública y defraudación al erario. La acusación central responde a la usurpación de un predio perteneciente a la firma Ingeniería de Obras, cuyo titular es el empresario Markovic.

A pesar de la existencia de títulos de propiedad vigentes y de advertencias previas sobre la titularidad del terreno, el municipio avanzó sobre el lote e incurrió en erogaciones destinadas al pago del proceso judicial, honorarios al martillero por un millón de pesos que no reingresaron a las arcas públicas y gastos de asesoría legal. El fuero civil tramita una demanda de resarcimiento por daños y perjuicios contra la comuna estimada entre los 1.000 y 1.200 millones de pesos.

Esta investigación se suma a otros expedientes penales radicados en la localidad, entre los que figuran presuntas irregularidades en el área de Rentas y la utilización indebida de tarjetas sociales en la Secretaría de Desarrollo Social municipal.

La investigación contra el legislador y las funcionarias involucradas avanza hacia la etapa de declaraciones testimoniales y el entrecruzamiento de información bancaria. La Justicia solicitó la verificación de los registros en las cuentas radicadas en el Banco de Santa Cruz y en el Banco Nación a nombre del imputado para ratificar el circuito financiero denunciado. En cuanto a la causa que involucra al jefe comunal por el terreno de Ingeniería de Obras, se aguarda la resolución de los escritos presentados para la notificación formal del procesamiento.