La investigación judicial que gira en torno al diputado por el pueblo de Pico Truncado y otros tres imputados sumó un nuevo capítulo en el ámbito procesal. Cintia González, cuya exposición pública y posterior aporte probatorio motivaron la denuncia penal impulsada formalmente por el concejal Carlos Morón, apeló la resolución del juez de instrucción de Pico Truncado, el Dr. Simini, quien le denegó la posibilidad de constituirse como parte querellante en la causa.

La presentación fue elevada por su patrocinante legal, el Dr. Lucas Chacón, y se encuentra actualmente a estudio del juez Rodolfo Borges en la ciudad de Caleta Olivia. Se prevé que el magistrado resuelva sobre el recurso en el transcurso de los próximos días.

La determinación del juzgado truncadense generó reparos en la querella, dado que el fiscal interviniente, Matías Parajón, había considerado procedente la incorporación de González al proceso en calidad de querellante.

El expediente tuvo su origen a partir de las declaraciones públicas de González en el programa radial del periodista Gianfranco Casarin, tras lo cual el edil Morón llevó las actuaciones a la sede judicial.

Durante la etapa de instrucción, González prestó declaración testimonial en el mes de diciembre a lo largo de dos jornadas consecutivas que completaron 16 horas de audiencia. En esa instancia, puso a disposición su teléfono celular para el correspondiente peritaje e integró documentación sustancial que derivó en la imputación de cuatro personas, entre ellas el legislador provincial.

Entre los imputados se encuentra además una agente del Concejo Deliberante local de apellido Chosco, señalada en el marco del expediente y con antecedentes por situaciones conflictivas con el personal del recinto. Como parte de la recolección de elementos de prueba, la Justicia ordenó medidas procesales e inspecciones en la sede del cuerpo deliberativo truncadense, con la colaboración de las autoridades actuales del organismo.

González detalló las complejas secuelas personales y laborales derivadas de su intervención en el caso. Según denunció, fue desafectada de sus tareas en el Concejo Deliberante mientras se encontraba haciendo uso de una licencia médica por la detección de una enfermedad autoinmune.

La desvinculación la dejó sin el beneficio de la obra social ni ingresos para sostener el tratamiento médico, situación que la obligó a apoyarse en su entorno familiar residente en Trelew. A ello se sumaron episodios de hostigamiento en el ámbito de trabajo previa separación del cargo y llamados telefónicos intimidatorios desde números privados al comienzo del caso.

A través del recurso interpuesto ante la alzada en Caleta Olivia, la parte damnificada busca acceder de manera directa a las actuaciones, proponer nuevas diligencias probatorias y acompañar el proceso hasta la determinación final de las responsabilidades penales.