La UCR rechazó la designación de Fernando Españón y exigió anular el decreto provincial
El titular del comité provincia, Leonardo Roquel, cuestionó la protección política otorgada al exdiputado imputado por abuso sexual y sostuvo que la decisión del gobernador Claudio Vidal ampara la impunidad y desprotege a las víctimas.
La Unión Cívica Radical de Santa Cruz emitió un duro pronunciamiento tras conocerse la reincorporación de Fernando Españón al esquema del Poder Ejecutivo provincial. El exdiputado, procesado por causas de abuso sexual y violencia de género en el ámbito laboral, fue designado en un nuevo cargo político mediante el decreto firmado por el gobernador Claudio Vidal y la ministra de Gobierno.
En declaraciones otorgadas a Radio News, el presidente del Comité Provincia de la UCR, Leonardo Roquel, calificó la medida como un acto de encubrimiento institucional. "Es una aberración darle protección a través de un cargo político, cobrando un sueldo y teniendo gente a cargo a una persona que hoy está imputada. Esto vuelve a poner a las víctimas en un lugar de debilidad ante el poder", afirmó el dirigente radical.
Para el titular del partido, el nombramiento realizado por la gestión de SER reproduce metodologías de amparo político que el propio oficialismo criticaba en años anteriores. Roquel remarcó además la incoherencia de este nombramiento en el escenario legislativo provincial, al señalar la contradicción de abordar proyectos como la Ley de Ficha Limpia mientras se otorgan funciones a dirigentes con causas judiciales abiertas.
El pronunciamiento mostró también las diferencias internas dentro del espacio opositor. Roquel contrapuso la postura asumida por la conducción de Encuentro Ciudadano, a quienes cuestionó por respaldar la política oficial y actuar como cómplices del nombramiento.
Desde la Unión Cívica Radical confirmaron que mantendrán el reclamo público en las distintas localidades santacruceñas para exigir que el Poder Ejecutivo deje sin efecto el decreto. Asimismo, instaron a que el proceso judicial siga su curso sin condicionamientos ni protecciones derivadas del poder político provincial.
Foto Archivo
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