El PJ y el gremio legislativo rechazaron esta semana el traslado de empleados de planta permanente y la asignación superior a 104 millones de pesos para inmuebles.

La conducción parlamentaria a cargo del vicegobernador Fabián Leguizamón impulsó una serie de reestructuraciones operativas que derivaron en objeciones políticas y sindicales. Desde la oposición parlamentaria y la representación gremial sostienen que las medidas adoptadas carecen de consenso previo.

De acuerdo con lo expresado por el bloque Unión por la Patria-PJ, la Presidencia de la Cámara derivó 51.185.357 pesos al pago de alquileres y 53.488.922 pesos a labores de mantenimiento y reparación, alcanzando una cifra consolidada de 104.674.279 pesos. Los legisladores sostuvieron que este desembolso contradice el anuncio oficial sobre la reducción del 27 por ciento de la estructura orgánica.

Por su parte, el secretario general de la Asociación del Personal y Empleados Legislativos (APEL), David Catrihuala, objetó la derivación de agentes al nuevo anexo ubicado en el antiguo predio de Gendarmería Nacional. El dirigente afirmó que la disposición responde a “un montaje que se armó para justificar el alquiler por 55 millones de pesos”.

Según datos vertidos por la conducción sindical, el esquema de personal de la Cámara de Diputados comprende un universo de 739 personas, de las cuales 343 trabajadores pertenecen a la planta permanente. De esa comparación surge que los cargos de designación política superan en cantidad al personal de carrera.

A su vez, los registros presupuestarios comparados con el ejercicio 2023 reflejan la creación de dos secretarías e incrementos porcentuales en las escalas jerárquicas: 20 por ciento en direcciones, 31 por ciento en subdirecciones, 4,55 por ciento en departamentos y 28 por ciento en divisiones y secciones.

En materia presupuestaria, la entidad gremial puntualizó desproporciones en la partida de gastos. Mientras que los servicios básicos cuentan con 186 millones de pesos, el rubro de publicidad y propaganda asciende a 328 millones de pesos. A ello se suman 115 millones de pesos destinados a ceremonias y 175 millones de pesos correspondientes a movilidad y viáticos.

Respecto de la negociación salarial, las autoridades ofrecieron una pauta de recomposición del 17,8 por ciento, equivalente al porcentaje otorgado a la administración pública provincial. En paralelo, APEL mantiene pendiente la acreditación formal de sus autoridades ante el Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Frente a esta situación, tanto la bancada opositora como el sector sindical solicitaron formalmente dejar sin efecto las adscripciones y abrir canales formales de negociación. Sin embargo, los referentes gremiales señalaron que hasta el momento no recibieron respuestas por las vías administrativas institucionales, limitándose la información a publicaciones en plataformas digitales. La continuidad de la contienda laboral dependerá de las eventuales convocatorias que disponga la Presidencia de la Cámara.