Gremios docentes ejecutan este lunes 3 de agosto el paro nacional en Santa Cruz y el país por reclamos salariales, mientras la Nación despliega inspecciones para fiscalizar el servicio mínimo educativo.

El Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, dio inicio a auditorías muestrales para supervisar que se garantice una prestación del 75% de la actividad en los establecimientos, según la Ley N.º 27.802. No obstante, la medida se ejecuta en medio de un litigio formal: el Juzgado Nacional del Trabajo N.º 74 dictó una resolución cautelar que frenó la obligatoriedad de la norma a pedido del sector sindical. Frente a esa decisión, los representantes legales del Estado nacional presentaron una apelación y argumentaron que la reglamentación laboral se mantiene vigente hasta tanto la Justicia emita una sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo. De comprobarse faltas, el Poder Ejecutivo prevé iniciar expedientes para aplicar sanciones monetarias a las entidades sindicales.

En el terreno provincial, los sindicatos ADOSAC y AMET acataron la medida de fuerza de la CTERA en solicitud de la paritaria federal, la restitución del FONID e inversiones en infraestructura. Ante esta situación, el ministro de Economía de la provincia, Ezequiel Verbes, confirmó que la gestión del gobernador Claudio Vidal hará efectivo un pago extraordinario por única vez de $500 mil denominado programa Estímulo por Nuestra Educación. Esta compensación alcanzará a docentes que registraron asistencia completa entre febrero y junio. A su vez, el funcionario precisó que el Poder Ejecutivo santacruceño reintegrará los descuentos salariales previos de manera excepcional, advirtiendo que en el futuro los días no trabajados por huelga no serán reembolsados en las liquidaciones.

De forma paralela al escenario gremial, el jefe de Gabinete santacruceño, Pedro Luxen, y el intendente de El Calafate, Javier Belloni, suscribieron un entendimiento bilateral para regularizar las contribuciones mensuales dirigidas a la Caja de Servicios Sociales. La iniciativa procura otorgar previsibilidad financiera a la obra social pública mediante el flujo constante de partidas y el establecimiento de un esquema formal para compensar las acreencias cruzadas entre la provincia y el municipio.

El esquema diseñado combina la presión fiscalizadora nacional sobre la continuidad de la enseñanza con la instrumentación de incentivos directos y límites a los reclamos en el plano local. Las próximas semanas definirán tanto la viabilidad de los procedimientos contenciosos en los tribunales del trabajo como el impacto real de las cláusulas de asistencia en el dictado de clases.