Policías retirados mantienen el acampe en Río Gallegos y denuncian causa judicial
Uniformados retirados y pensionados cumplen más de dos meses de protesta frente a la Jefatura en Río Gallegos. Reclaman el cumplimiento de acuerdos salariales y rechazan la apertura de un expediente judicial por medidas previas.
La tensión en torno a los reclamos del sector policial sumó un nuevo capítulo cuando personal de la Comisaría Seccional Primera y de la División Criminalística se hizo presente en la carpa instalada frente a la Jefatura de Policía para realizar un acta de constatación y notificar por medio de un oficio judicial. La medida se enmarca en el expediente 884772/2026, impulsado tras una protesta desarrollada semanas atrás en el patio de la Casa de Gobierno.
La causa investiga los presuntos delitos de atentado contra la autoridad, violación de domicilio, coacción y entorpecimiento de medios de transporte y servicios públicos. Ante esta situación, el referente del sector de retirados, Fabián Varela, cuestionó el procedimiento y la intervención de la Justicia. "Nos acercamos con el jefe de policía a hablar, nos atendió y nos explicó esta situación que es por un ingreso que tuvimos frente a la casa de gobierno con unas carpas que hubieron instaladas en ese lugar", indicó Varela, al tiempo que remarcó que las medidas anteriores se desarrollaron dentro del marco constitucional.
El acampe frente a la Jefatura acumula semanas de permanencia ante la falta de respuestas del Ejecutivo provincial a los incrementos y compensaciones acordados previamente. Los manifestantes sostienen que las sumas percibidas tras los compromisos oficiales distan de lo prometido, lo que generó un profundo malestar tanto en los efectivos retirados y pensionados como en el personal activo en estado de alerta.
Varela criticó duramente al ministro de Seguridad, Pedro Prodomo, y al jefe de Policía, comisario general Agüero, a quienes acusó de incumplir los entendimientos salariales y de desatender las demandas del sector. Asimismo, cuestionó la falta de apertura al diálogo por parte de la administración provincial: "El pedido al gobernador es que escuche no solamente a sus ministros, que escuche a la sociedad, que escuche a la gente que está haciendo un reclamo legítimo genuinamente legal, que abra las puertas de la casa de gobierno".
Pese a las notificaciones y al malestar generado por las imputaciones judiciales, los manifestantes confirmaron que continuarán con el acampe y las medidas de fuerza en la capital provincial. En paralelo, referentes y vecinos hicieron extensivo el llamado a la comunidad y a los camaradas en actividad para acompañar la permanencia frente a la Jefatura, insistiendo en que el reclamo cuenta con el respaldo legítimo de las familias policiales y de sectores de la ciudadanía local.
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